El Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega logró este viernes la aprobación de una serie de enmiendas con las que afianzaría su poder en el país centroamericano.
La Asamblea Nacional, controlada por su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este viernes las más de 100 propuestas de cambios a la Constitución que la oficina del mandatario había enviado apenas el miércoles.
Entre las enmiendas está que los poderes legislativo, judicial y electoral ahora queden subordinados a la "coordinación" del ejecutivo; que el mandato presidencial sea de seis años en vez de cinco; y la creación formal del cargo de copresidente, que durante años ha tenido informalmente la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
"Es como un intento de privatizar el país para solo ellos, Ortega y Murillo", dice Eric Farnsworth, vicepresidente del grupo Americas Society/Council of the Americas. "Y de hecho que intenten cimentar así su posición política mediante la Constitución va hasta más allá de lo que alguna vez pretendió Somoza", agrega, en referencia al dictador Anastasio Somoza que Ortega (cuando era revolucionario) ayudó a sacar del poder.
Las propuestas fueron enviadas por Ortega y aprobadas por el legislativo en un momento de creciente represión en el país, que desde protestas multitudinarias contra el Gobierno en 2018 ha aprobado leyes que han llevado al cierre de más de 3,100 organizaciones no gubernamentales y religiosas supuestamente por tener "influencia del exterior" mediante su financiamiento. El Gobierno también ha estado quitándole la nacionalidad a personas que considera disidentes.
El año pasado, por ejemplo, el Gobierno de Ortega y Murillo desterró a más de 220 personas que habían estado detenidas por cargos como supuesta traición a la patria poniéndolas en un vuelo destino a Estados Unidos.
Coordinar los otros poderes
Uno de los mayores cambios será la organización de las diferentes ramas del poder, que la Constitución actualmente dice "son independientes entre sí y se coordinan armónicamente".
Con la enmienda aprobada, pasará a decir que la presidencia "coordina a los órganos legislativo, judicial y electoral [...] y los entes autónomos". Además, el mandato presidencial ahora será más largo, con lo cual posiblemente Ortega busque extenderse aún más en el cargo.
La última vez que hubo elecciones, en 2021, su Gobierno dijo que había sido votado a un quinto mandato (muchos de los otros candidatos presidenciales habían sido encarcelados por diversos cargos como supuesto lavado de dinero); al extenderse ese mandato a seis años entonces Ortega puede decir que le toca estar en el poder al menos hasta 2028.
Otra enmienda aprobada establece que los funcionarios electos y designados podrán ser cesados de inmediato si se considera que no preservan o defienden los principios de la Constitución.
Con esto, puede que el Gobierno esté buscando deshacerse más fácilmente de personas que antes eran aliadas de Ortega y que se han vuelto críticas. Por ejemplo, hace unos meses el hermano de Ortega, Humberto, dio declaraciones a la prensa llamando al mandatario nicaragüense alguien con "poder dictatorial". Poco después, Humberto Ortega fue puesto en prisión domiciliaria y falleció el 30 de septiembre por temas de un paro cardiaco.
Ley contra ONG y sobre "traición"
Entre las enmiendas también está previsto que la ley de 2021 con la que las ONG han tenido que cerrar sus operaciones ahora quede plasmada en la Constitución: la propuesta dice que las autoridades podrán estar vigilando constantemente que medios, organizaciones sociales o religiosas u otros no actúen bajo presuntos "intereses extranjeros".
Es una acusación que el Gobierno de Ortega y Murillo suele usar contra la asociación civil al considerar, por ejemplo, que por recibir financiamiento de fundaciones internacionales buscan supuestamente socavar a la nación.
Otros cambios harán más fácil clasificar a personas que se consideren disidentes como "traidores a la patria". Por ejemplo, una reforma cambiará cómo está escrito el artículo sobre libertad de expresión para decir que la gente puede expresare libremente "siempre y cuando" no trasgreda "los principios de seguridad, paz y bienestar".
"Esta reforma no solo representa una consolidación totalitaria del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que formaliza en papel las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos" que su Gobierno han cometido desde hace años, criticó en redes sociales Félix Maradiaga, activista que es de las personas que fue desterradas el año pasado.
